Se busca establecer los controles y las actuaciones de la Super y las comisiones frente a los aumentos que hicieron los prestadores en las tarifas de servicios públicos a nivel residencial, industrial y comercial, lo que podría repercutir en el menoscabo de las finanzas de los titulares de los servicios.

El Ministerio Público busca establecer si en el marco de las funciones de inspección, vigilancia, control y regulación que les fueron asignadas, la SSPD, la CRA y la CREG han intervenido efectiva y oportunamente en la correcta aplicación del régimen tarifario por parte de los prestadores, a partir de la declaratoria de emergencia económica y social.

Así mismo, busca determinar si se previeron estrategias tendientes a garantizar que la facturación corresponda a los consumos reales y no esté definida por mediciones del promedio del consumo antes de la pandemia por el Covid-19.

La Procuraduría ordenó la práctica de pruebas con el fin de verificar la ocurrencia de las conductas, identificar los posibles responsables y determinar si es constitutiva de falta disciplinaria.

Esta indagación se originó en las acciones disciplinarias desplegadas por el ente de control con fundamento en las quejas recibidas por presuntos cobros injustificados en la facturación de servicios públicos y hace parte de la vigilancia especial que adelanta el ente de control a la prestación eficiente y oportuna de los servicios públicos domiciliarios.

También dio traslado de la quejas contra Celsia S.A. ESP, en el Tolima, porque al parecer, habría  promediado el consumo a cerca de 60.000 clientes para fijarles una tarifa, que en muchos casos, superaría el 30%. Contra Electricaribe, en la Costa Atlántica, por presunto incremento exagerado en la facturación del servicio público de energía, entre los meses de marzo y abril de 2020.

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